Derecho Tributario Peruano – Vol. I

La Fiscalía Europea, creada por el Reglamento (UE) 2017/1939, del Consejo, de 12 de octubre, tiene como función investigar y, en su caso, llevar a juicio, a los presuntos responsables de la comisión de delitos contra los intereses financieros de la UE establecidos en la Directiva 2017/1371, del Parlamento Europeo y del Consejo, 5 de julio. Para ello, el Reglamento dota a la nueva institución de un importante haz de competencias y facultades procesales en la fase de investigación, lo que ha obligado al legislador español a crear, por medio de la L.O. 9/2021, de 1 de julio, un nuevo...

La tipificación del contrato de alimentos se ha llevado a cabo por la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad, regulándose en los arts. 1791 a 1797 CC, si bien se trata de una figura que, con fundamento en el principio de autonomía de la voluntad, ya era admitida en la práctica y conocida como contrato vitalicio o contrato de cesión de bienes a cambio de alimentos. Esta modalidad contractual -tanto si nos referimos al contrato vitalicio como al nuevo contrato de alimentos-, consiste en que una de las partes se obliga a prestar...

El Orden Social de la Jurisdicción (pieza clave en la efectividad del Derecho del Trabajo), tras un éxito incontestable a principios de la década de los noventa, había quedado prematuramente envejecido, tanto por su comparación con otros órdenes jurisdiccionales que habían experimentado notables mejoras técnicas en los últimos tiempos, como por disfunciones internas que habían provocado un evidente retraso en la resolución de los asuntos que le eran encomendados. Semejante coyuntura llevó al legislador a acometer un profundo proceso de reforma (más allá de las modificaciones...

En los últimos años se ha incrementado notablemente el número de conflictos ambientales en el país, tanto que Colombia ha llegado a ser considerado como uno de los países con más conflictos ambientales de Latinoamérica, aspecto que demuestra los profundos desacuerdos entre los actores de la gestión ambiental (instituciones estatales, pueblos y comunidades, gremios económicos, etc.) sobre cómo usar, acceder, intercambiar o comercializar bienes ambientales y naturales.