Factores cognitivos y afectivos en la enseñanza del español como LE/l2

El principio del Estado Social es el fundamento de una acción normativa que atienda a la igualdad y las condiciones de vida. A partir de esta premisa, siguiendo a la mejor doctrina continental europea sobre este tema, el autor realiza un exhaustivo análisis acerca de su significado e implicaciones jurídicas, con especial referencia a la situación constitucional española, afirmando que si el principio del Estado de Derecho limita la actividad del Estado y el principio Democrático legitima el carácter abierto al futuro, el principio del Estado Social impone a todos los poderes públicos...

Los textos internacionales sobre garantías mobiliarias constituyen, actualmente, un reto para nuestro Derecho interno. No es posible omitir la referencia a ellos y es necesario abrir una reflexión sobre las ventajas de la armonización jurídica, a la vista de la emergente hegemonía del sencillo y flexible modelo anglosajón plasmado en el artículo 9 del Uniform Commercial Code. Este es precisamente el objeto este libro. En un mercado globalizado, la actualidad de los referidos textos internacionales hace ineludible la tarea de repensar el derecho interno en materia de garantías...

«Es necesario crear un ámbito de racionalidad y de diálogo que, si bien no zanja del todo las diferencias, sí permite que se las pueda sobrellevar haciendo posible la cooperación.» En este breve ensayo, Carlos Peña busca explicar los temas y problemas más relevantes a la hora de pensar en una nueva constitución, uno de los desafíos nacionales clave que la clase política y la ciudadanía deberán resolver en el tiempo que viene. La importancia de los derechos sociales, la relevancia de la paridad de género, el reconocimiento a los pueblos originarios y la libertad de expresión son ...

El presente libro fue elaborado por el grupo de investigación en Derecho Público y TIC, G-TICCY de la Universidad Católica de Colombia, como resultado del proyecto de investigación sobre la responsabilidad del Estado por la utilización de las administraciones públicas de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación – TIC, atendiendo especialmente la promoción y respeto de los derechos fundamentales en general, la protección de los datos, las actuaciones administrativas respecto de los proveedores de servicios de telecomunicaciones, y la generación y difusión de...