Familia y educación

Las iniciativas regulatorias de protección a los usuarios adoptadas por países con mercados en ambiente convergente se basan entre otras en el establecimiento de comités consultivos para el consumidor y foros para promover su participación en la formación de políticas imposición de la obligación de servicio universal desarrollo de agendas específicas sobre los objetivos prioritarios de la política introducción de iniciativas regulatorias específicas para mejorar opciones del consumidor como la preselección y portabilidad numérica el desarrollo de estándares y códigos de...

Sin lugar a dudas, la Ley 20/2007, de 11 julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, constituyó una auténtica novedad en nuestro ordenamiento jurídico, al introducir en él un nuevo marco legal en el ámbito de las relaciones profesionales de los trabajadores por cuenta propia. Ahora bien, ya desde sus inicios, la importancia de la norma no ocultaba su carácter extremadamente controvertido siendo no pocos los problemas interpretativos que ha venido implicando su puesta en práctica. Transcurridos ya más de 10 años desde la entra en vigor de aquella norma, la tercera edición del Tratado...

La conquista de una plena igualdad entre mujeres y hombres requieres la superación del orden jurídico-político y cultural del patriarcado. Ello pasa necesariamente por la revisión de la masculinidad hegemónica y de un contrato social hecho a imagen y semejanza del diligente padre de familia. Una tarea que ha de empezar por el análisis crítico de la identidad masculina y que ha de proyectarse finalmente en los dos ejes que articulan un sistema constitucional: la ciudadanía y el poder. O lo que es lo mismo, por la asunción de que los hombres también tenemos género y de que la...

La aportación más fina del derecho Penal está en su concepto de imputación. La imputación obedece a una determinada clasificación jurídica que la ley señale como delito. Sólo las conductas típicas, aquellas que la ley señala como delitos, son susceptibles de imputarse. Los elementos para la clasificación jurídica que la ley señale como delito están debidamente determinados en el Código Nacional de Procedimientos penales. En esta obra el autor llevó acabo la clasificación jurídica en 500 casos.