Los límites del derecho a la intimidad frente al derecho a la información según la Corte Constitucional colombiana

Vivir en una sociedad sometida a múltiples e importantes riesgos supone la necesidad de proteger a las personas, los bienes y el medio ambiente frente a ellos.;Pero garantizar la seguridad de las personas y los bienes en la sociedad actual requiere, además de las actuaciones exigibles a las Administraciones Públicas, que los ciudadanos estén adecuadamente preparados para protegerse frente a riesgos y emergencias que puedan sufrir, por lo que las actuaciones públicas han de verse complementadas con las actuaciones de autoprotección.;La autoprotección puede considerarse como un derecho...

Esta obra va fijando, a lo largo del período de tiempo que abarca, una doctrina que tiene junto a su carácter actual la importancia de una relevante aportación al estudio histórico. La labor consultiva, expresada en los dictámenes del Consejo de Estado, constituye en sí misma, no sólo una respuesta fundada a una consulta, tanto en cuestiones de legalidad como de oportunidad, sino un instrumento realmente válido de estudio, de formación de criterios y de orientación para posteriores actuaciones. En el amplio conjunto de temas que recoge este Compendio, confeccionado con breves...

A la espera de la necesaria y urgente reforma del Derecho concursal español, el objeto del presente estudio es analizar la posibilidad de sostener la insolvencia como presupuesto objetivo de apertura de la Quiebra en Derecho español. El tema se aborda sobre la base de conectar los preceptos del Código de Comercio de 1885, que de manera específica regulan este tema, con la tradición jurídica española, así como con preceptos contenidos en normas no concursales pero con incidencia en éste ámbito (LSA). Todo ello, en el marco normativo general concursal (calificaciones de la quiebra),...

La integración laboral está considerada el primer paso para una integración social satisfactoria. El Reglamento de la Ley de Extranjería (Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre) fija los mecanismos y requisitos para que los extranjeros puedan residir y trabajar en España legalmente. De hecho, esta normativa abrió un proceso de regularización especial de tres meses (entre el 7 de febrero y el 7 de mayo de 2005), destinado a los trabajadores irregulares que estaban en el país, tenían un contrato por un periodo mínimo de seis meses, llevaban al menos medio año viviendo en España...