Los límites del derecho a la intimidad frente al derecho a la información según la Corte Constitucional colombiana

La obra aborda las políticas de empoderamiento femenino adoptadas por las grandes corporaciones del IBEX 35, desde la transversalidad e interseccionalidad de género, tratando de examinar si servirán al objetivo pretendido y compartido por el ordenamiento jurídico: la igualdad de mujeres y hombres. Se pretenden destacar las potencialidades de estas políticas, a partir de los ESG de las empresas y su importancia para la promoción profesional de las mujeres. Destacando los propios procesos de ascenso promocional, la potencialidad de los modelos de liderazgo femenino y la viabilidad de su...

El Código Civil de Andrés Bello es un código autóctono de América Latina, el cual recogió las reglas de nuestra tradición jurídica, apoyadas en los principios generales del derecho, que luego fueron perfiladas y maduradas con el fin de responder a nuestra experiencia como latinoamericanos. Es un código que ha pervivido debido a su claridad, precisión y concisión en su redacción, así como por la forma institucional que presenta las figuras que rigen las relaciones de los privados. Sin embargo, el Código se construye con base en una mentalidad, un método y unas circunstancias...

Trabajo Universitario del año 2013 en eltema Derecho - Civil / Privado / Derecho de obligaciones / Derecho real, , Idioma: Español, Resumen: En este trabajo de investigación se abordará las llamadas Acciones Conservatorias que son aquellas con las cuales el legislador faculta al acreedor para impedir el perjuicio que pueda causarle el deudor que disipe o enajene fraudulentamente su patrimonio, o no ejerza las respectivas acciones legales contra sus respectivos deudores. Estas acciones conservatorias son las llamadas acción oblicua, subrogatoria o indirecta; la acción Pauliana, llamada...

El derecho es un sistema normativo que regula el funcionamiento de la sociedad, de las relaciones con las instituciones y de convivencia de los ciudadanos entre sí. Por ello, la lengua empleada en el ámbito jurídico-administrativo ha de ser asequible a los ciudadanos, tanto en los procedimientos de producción como en los de interpretación de cualquier género. Y esto es una inquietud y una demanda no solo de los ciudadanos, sino también de las administraciones públicas y, especialmente, de los juristas, incluyendo a jueces, magistrados, fiscales, abogados del Estado y Consejo General...