La política ferroviaria de la Unión Europea, 1953-2003

La tenencia o utilización en provecho propio de un animal genera un peligro abstracto que no es totalmente controlable para su propietario, poseedor o usuario y que puede materializarse en un daño para terceros. En la actualidad, cada vez es mayor el número de personas que optan por introducir animales en el contexto social, ya no sólo para utilizarlos como instrumentos productivos o de trabajo, sino como compañeros del ser humano al que proporcionan compañía. Además, recientemente se ha impuesto la «moda» de tener como mascotas a animales exóticos que, por naturaleza, son...

En los últimos años el debate público sobre las políticas de drogas se ha intensificado, tanto a nivel internacional como en el contexto español. El enfoque prohibicionista y punitivo, de la guerra contra las drogas, promovido por Naciones Unidas y por algunas de las principales potencias internacionales, está siendo sometido a un creciente cuestionamiento, dada su falta de efectividad para reducir el tamaño de los mercados ilícitos y sus múltiples consecuencias en términos de violencia, salud pública y derechos humanos. Muchos gobiernos nacionales y regionales están explorando...

La Ley 9/2017, de contratos del sector público es una de las normas de mayor importancia en la gestión de las políticas públicas. Se trata de un texto extenso y prolijo -son 347 artículos y 53 Disposiciones Adicionales (muchas de estas Disposiciones, en adecuada técnica normativa, deberían formar parte del articulado) y 16 Disposiciones Finales-. Y en ciertas ocasiones tiene un marcado carácter reglamentario que puede complicar la aplicación. Es cierto que puede parecer un texto "continuista" , pero existen notables diferencias con su predecesora, principalmente porque, tras el...

El derecho es un sistema normativo que regula el funcionamiento de la sociedad, de las relaciones con las instituciones y de convivencia de los ciudadanos entre sí. Por ello, la lengua empleada en el ámbito jurídico-administrativo ha de ser asequible a los ciudadanos, tanto en los procedimientos de producción como en los de interpretación de cualquier género. Y esto es una inquietud y una demanda no solo de los ciudadanos, sino también de las administraciones públicas y, especialmente, de los juristas, incluyendo a jueces, magistrados, fiscales, abogados del Estado y Consejo General...