Tres claves de la justicia en el Perú

En la legítima defensa, el principio de proporcionalidad entre la gravedad del ataque y la reacción del agredido, no despliega toda su eficacia. Las teorías jurídicas son contradictorias al interpretar y aplicar los presupuestos legales de la legítima defensa a los casos más extremos y conflictivos, y muchas de ellas están influidas por la sensibilidad cultural y la realidad económica. La principal aportación de Jacson Zilio es referir estas restricciones ético-sociales a los fines preventivos y garantísticos. Zilio no cuestiona la necesidad de la defensa, sino procura destacar que ...

Los delitos económicos generan grave preocupación en cualquier sociedad, especialmente en tiempo de crisis económica y en sociedades en que impera el libre mercado. Los ciudadanos, muchas veces indefensos o desinformados, ven con escepticismo la función del derecho penal y económico, el cual consideran especialmente ineficaz en la lucha contra los hechos que ven o que sufren. Este libro pretende exponer cuáles son los objetivos teóricos del derecho penal y económico, la extensión de los mismos, cuáles son los principales delitos económicos, los problemas de su configuración y de...

La tipificación del contrato de alimentos se ha llevado a cabo por la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad, regulándose en los arts. 1791 a 1797 CC, si bien se trata de una figura que, con fundamento en el principio de autonomía de la voluntad, ya era admitida en la práctica y conocida como contrato vitalicio o contrato de cesión de bienes a cambio de alimentos. Esta modalidad contractual -tanto si nos referimos al contrato vitalicio como al nuevo contrato de alimentos-, consiste en que una de las partes se obliga a prestar...

LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TITULO I CAPITULO UNICO DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1o.- Esta ley es de orden público y de aplicación en todo el territorio nacional en materia de Derechos Humanos, respecto de los mexicanos y extranjeros que se encuentren en el país, en los términos establecidos por el apartado "B" del artículo 102 constitucional.