Approaching Victimology as social science for Human rights a Spanish perspective

El derecho de tutela judicial efectiva que reconoce el artículo 24 de la Constitución no se reduce a la simple posibilidad de acceder a los Tribunales, sino que se traduce en una sentencia o resolución que dé respuesta a todas las cuestiones planteadas en el recurso o reclamación interpuesta. Es decir, a que la resolución o sentencia sea congruente con las pretensiones del reclamante.

La obra que se presenta analiza con visión multidisciplinar el contenido de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior. Aunque en la relación de autores predominan los iuslaboralistas, el estudio se enriquece con las aportaciones de especialistas en Historia del Derecho y de las Instituciones, Sociología, Ciencia Política y de la Administración, Derecho Administrativo e Internacional Público y Privado. El objetivo perseguido no es otro que el lector tenga una visión integral del régimen jurídico de los ciudadanos españoles en el...

Este libro quiere ofrecer a los estudiantes de la asignatura de Instituciones de la Unión Europea del Grado en Derecho una herramienta para trabajar la dimensión práctica de la asignatura. Para lograr sus objetivos, el alumno deberá realizar una tarea previa, individual o colectiva y siempre con el apoyo de su profesor, que posteriormente se completa con una puesta en común de los resultados en el aula. Con esta finalidad, estas páginas reúnen un conjunto de supuestos prácticos basados, en la medida de lo posible, en situaciones reales que tratan de estimular al estudiante a...

La integración laboral está considerada el primer paso para una integración social satisfactoria. El Reglamento de la Ley de Extranjería (Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre) fija los mecanismos y requisitos para que los extranjeros puedan residir y trabajar en España legalmente. De hecho, esta normativa abrió un proceso de regularización especial de tres meses (entre el 7 de febrero y el 7 de mayo de 2005), destinado a los trabajadores irregulares que estaban en el país, tenían un contrato por un periodo mínimo de seis meses, llevaban al menos medio año viviendo en España...