El tráfico jurídico de las empresas

La promulgación y posterior entrada en vigor de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, acompañada de la Ley Orgánica 8/2003, para la Reforma Concursal, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, supuso no sólo una completa renovación de la arcaica y dispersa legislación concursal española, sino también el nacimiento de una "jurisprudencia menor" de envidiable calidad, de la mano de los re-creados jueces de lo mercantil -cuya previsión había suscitado tantas críticas- e, inmediatamente después, de las Audiencias Provinciales claramente especializadas a través de...

Tras la muerte de Fernando VII, el régimen del Estatuto Real diseñó un nuevo marco político aceptado, en principio, por un amplio sector del liberalismo. Sin embargo, la estrechez del régimen y el peligro de involución por la irrupción del carlismo propiciaron el distanciamiento del grupo más avanzado, que planteó la necesidad de ampliar los derechos políticos. La oposición de este sector se manifestó tanto por la vía política -por medio de la lucha electoral o parlamentaria-, como por la vía instrumental -a través de los movimientos revolucionarios de 1835 o 1836-. La...

Los grupos de sociedades les permiten a las empresas que los integran satisfacer algunos de sus requerimientos económicos para ejecutar operaciones y negocios más fácilmente, así como proyectarse de manera eficiente en los mercados nacionales e internacionales. Se trata de mecanismos indispensables para aunar recursos, pues la concentración de capitales, trabajo y tecnología les procura obtener beneficios directos gracias a las relaciones que se construyen en su interior. En esta nueva edición, en homenaje al profesor Francesco Galgano, el lector encontrará un valioso instrumento para ...

En los últimos años se ha incrementado notablemente el número de conflictos ambientales en el país, tanto que Colombia ha llegado a ser considerado como uno de los países con más conflictos ambientales de Latinoamérica, aspecto que demuestra los profundos desacuerdos entre los actores de la gestión ambiental (instituciones estatales, pueblos y comunidades, gremios económicos, etc.) sobre cómo usar, acceder, intercambiar o comercializar bienes ambientales y naturales.