El Estatuto Jurídico del Empleado Público. Estudio particular de algunos aspectos críticos del personal laboral.

En una economía globalizada como la actual, uno de los retos más relevantes en materia de derechos humanos y gobernanza es qué tipo de regulación deben tener las empresas. ¿Cómo cerrar la brecha entre los procesos económicos transnacionales, por un lado, y la regulación de los deberes y las responsabilidades de las compañías y los Estados, por el otro, para proteger, respetar e implementar los derechos humanos y asegurar la responsabilidad de los autores en caso de violaciones? Y además, ¿qué hacer con el contraste entre el plano de los estándares globales trazados por los...

EL DOCTOR SERGIO GARCÍA RAMÍREZ es uno de los penalis­tas mexicanos más sólidos de los últimos cincuenta años. Realizó aportaciones fundamentales para el penitenciaris­mo mexicano. Desde la doctrina y en la dirección y opera­ción de centros penitenciarios, ha impulsado el humanismo penal y teorías y modelos de vanguardia en favor de la dig­nidad y los derechos de las personas privadas de su libertad. Como procesalista excepcional, se ha encargado de la construcción de un proceso penal de equilibrios, único con­sistente con una sociedad democrática. Como doctrinario y como...

El tratamiento del delincuente peligroso ha sido sin lugar a dudas uno de los mayores quebraderos de cabeza de la política criminal de los Estados, hallándose desde largo tiempo atrás inmersos en una búsqueda incesante de soluciones legislativas óptimas para responder al problema del peligro de la reiteración delictiva y de soluciones que deben conjugar dos requisitos de inexcusable cumplimento: de un lado, garantizar la paz social y los derechos fundamentales de los ciudadanos, evitando los riesgos derivados de la reiteración delictiva del delincuente una vez cumplida condena y de...

Actualizados con las reformas operadas por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de Reforma de la Legislación Procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial; Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio; y Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.