Técnicas generales de análisis, evaluación y control de riesgo.

El marco legal regulador, en el plano supranacional, de la seguridad en higiene en el trabajo se inicia en 1961 en el art. 3 de la Carta Social Europea, aprobada en Turín por los gobiernos miembros del Consejo de Europa; prosigue con el art. 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966, y con el Convenio sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos profesionales de la OIT (la Organización Internacional del Trabajo) de 1977, y culmina con la Directiva 89/391 de la Comunidad Económica...

Se estudian, entre otras cuestiones, las competencias e interacciones de los órganos sociales, así como la constitución de las sociedades, la separación y exclusión de socios, y la reestructuración empresarial tras la pandemia.

1. Algunas claves para aquilatar la responsabilidad general de las mutuas en los supuestos de irregularidades empresariales en los actos de encuadramiento.- 2. Inexistencia de seguro por ausencia de inscripción de la empresa y falta o defectos insubsanables en la "propuesta" o en el "convenio" de asociación, denuncia de aquél con sucesión de aseguradoras.- 3.Responsabilidad de la mutua ante los incumplimientos empresariales en materia de afiliación y alta.- 4.Responsabilidad por defectos en la cotización.

La relatividad del Derecho mercantil, tanto histórica como jurídico-positiva, significa que su contenido está cambiando continuamente, que no siempre responde a los mismos límites. A veces, las más, se amplía, a veces se desintegra en campos diversos y es constante el trasvase de materias grises de y hacia otras disciplinas jurídicas. Es la realidad económica de la empresa, y no sin tener que salvar ciertas dificultades conceptuales y sistemáticas, la que permite hablar de una unidad del Derecho mercantil, reconociendo la existencia de sectores especiales que cada vez reclaman mayor...

En la Ciudad de México, como en otras urbes, se ignora la magnitud de la capitalización privada que realizan los desarrolladores inmobiliarios respecto a los bienes y servicios públicos asociados con el valor delas viviendas. Actualmente no existe información suficiente sobre los bienes y servicios públicos que se valoran en el mercado de vivienda, ni sobre la magnitud de su aportación al precio de los inmuebles. Esto provoca que la regulación fiscal dela vivienda no funcione de manera adecuada, aun cuando el uso de los instrumentos recaudatorios, junto con una correcta planeación...